Asociación de Colombianos y Colombianas
La migración colombiana hacia Venezuela, particularmente hacia el Estado Táchira, representa un fenómeno histórico y estructural que trasciende las meras cifras demográficas. Se trata de un movimiento humano arraigado en décadas de intercambios familiares, económicos y culturales, moldeado por la vecindad geográfica y, en ocasiones, por las dinámicas sociopolíticas de ambas naciones.
En este contexto fronterizo, la organización de la comunidad colombiana no surge como un acto aislado, sino como una respuesta colectiva a las necesidades de integración, reconocimiento y desarrollo en suelo venezolano. Este ensayo busca profundizar en el significado de dicha asociación, no solo como un mecanismo de defensa de derechos, sino como un potencial catalizador para un modelo de desarrollo económico alternativo y solidario, inspirado en los principios de las Empresas de Propiedad Social Comunal.
La importancia fundamental de las asociaciones para la comunidad colombiana en Táchira reside en su capacidad para transformar la vulnerabilidad individual en fuerza colectiva. En un entorno donde el estatus migratorio puede convertirse en un factor de exclusión, la asociación constituye el primer escalón hacia la ciudadanía activa.
Su valor se manifiesta en varias dimensiones interconectadas, que incluyen representación política, inclusión social y empoderamiento democrático. La organización permite que las demandas colectivas sean escuchadas en mesas de diálogo y puedan influir en políticas públicas binacionales[citation:3].
En esencia, la asociación es el puente que permite transitar de la condición de "migrante" a la de "vecino con derechos y responsabilidades", construyendo una ciudadanía binacional activa y basada en la cooperación.
Las manifestaciones de esta organización son diversas, respondiendo a objetivos específicos. Existen iniciativas formativas, como el curso "Gobernanza y participación ciudadana", diseñado específicamente para fortalecer el tejido asociativo de la población migrante colombiana en Táchira[citation:1].
Este tipo de cursos se alinea con una diplomacia transformadora y proporciona herramientas prácticas en liderazgo, negociación y gestión asociativa, que son fundamentales para enfrentar desafíos como la precariedad socioeconómica y el acceso limitado a servicios[citation:1].
Se centran en la defensa de derechos humanos, la incidencia política y la integración cívica. Incluyen comités de derechos humanos, observatorios de la migración, y grupos de presión que buscan visibilizar la situación de la comunidad. Su estrategia es la interlocución con el Estado, la capacitación en derechos y la movilización social para generar cambios en el marco legal y en la percepción pública.
Representan un salto cualitativo, pues no se limitan a reclamar derechos, sino a generar las condiciones materiales para una vida digna. Es aquí donde el diálogo con experiencias venezolanas como las Empresas de Producción Social (EPS) se vuelve particularmente fecundo. Estas asociaciones buscan crear riqueza de manera colectiva, pero bajo una lógica distinta a la empresa capitalista tradicional.
La Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal de Venezuela define un marco conceptual profundo para estas organizaciones. No son simples cooperativas; son unidades socioproductivas cuyo fin explícito es "romper con la dependencia" y los monopolios, operando bajo la premisa de que los medios de producción y sus excedentes deben estar al servicio del "buen vivir" colectivo[citation:2][citation:6].
Un principio fundamental es que "Las Empresas de Propiedad social Comunal (EPSC) no generan GANANCIAS, generan EXCEDENTES"[citation:2]. Estos excedentes se reinvierten en el proceso productivo, en el bienestar de los productores y en las necesidades de la comunidad[citation:2].
La estructura funcional de estas empresas, basada en unidades operativas cuyas decisiones deben ser validadas por la asamblea comunitaria, institucionaliza la rendición de cuentas y asegura que la actividad económica nunca se desvincule de su objetivo social último.
La experiencia venezolana con las EPS no es un modelo a copiar de manera acrítica, sino un marco de inspiración teórica y práctica de inmenso valor para la reflexión de la comunidad colombiana asociada en Táchira. Ofrece un lenguaje y unas herramientas para imaginar un desarrollo económico que no reproduzca las lógicas de exclusión y dependencia.
Para esta comunidad, explorar la creación de unidades socioproductivas solidarias inspiradas en estos principios significaría un paso fundamental hacia la integración basada en la cooperación económica y la soberanía desde la base.
El desafío es ambicioso: requiere formación, diálogo con las instituciones venezolanas, acceso a recursos iniciales y, sobre todo, una visión compartida. Pero el potencial es transformador. Al asociarse no solo para reclamar derechos, sino para construir conjuntamente una economía al servicio de la gente, la comunidad colombiana en Táchira podría estar escribiendo un capítulo ejemplar de integración fronteriza, demostrando que el desarrollo verdadero se construye desde la base, de manera participativa, y con la firme convicción de que el progreso de unos debe ser el progreso de todos.